En el día de la fecha el Gobierno argentino ha dado respuesta a los interrogantes planteados por Gabriela Knaul Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de los Magistrados y los Abogados en el Mundo relacionados con las leyes de Reforma Judicial que el Parlamento argentino se encuentra debatiendo.

Tal como lo anticipó el día martes la República Argentina cooperará una vez más con la Naciones Unidas como lo ha hecho siempre que se le ha requerido información sobre distintos temas que hacen a la vida institucional del país. El viernes pasado, a menos de una hora de haber recibido el petitorio, se respondió oficialmente que el mismo será contestado a la brevedad posible. Hoy, 1 de mayo, hemos enviado la información solicitada.

Habiendo cumplido con nuestras obligaciones como miembros del organismo internacional es importante reiterar el profundo malestar que ha producido la Relatora por su clara parcialidad al emitir un texto con conclusiones sin esperar las respuestas que había solicitado a la República Argentina.

A continuación se adjuntan la respuesta del gobierno argentino. La República Argentina exige que las autoridades de las Naciones Unidas supervisen la tarea de la Relatora Especial para que su trabajo cumpla con las normas de ecuanimidad necesarias en el caso en cuestión.


Ginebra, 2º de mayo de 2013

De mi más alta consideración:

Siguiendo expresas instrucciones del Gobierno argentino, tengo el honor de dirigirme a la Sra. Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, en mi carácter de Representante Permanente en la Misión Permanente de la República Argentina ante la Oficina de las Naciones Unidas, en relación al llamamiento urgente realizado por nota recibida con fecha 26 de abril de 2013, a los fines de proceder a su debida contestación:

De esta forma, previo a todo, cabe señalar enfáticamente que la Relatora Especial ha sido mal informada respecto de los proyectos en consulta, siendo sus comentarios y sugerencias manifiestamente inexactos e incorrectos; pues comienza la Relatora destacando el envío en fecha 8 de abril de 2013 de seis proyectos de ley por parte del Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación, para luego analizar de forma aislada y parcializada sólo dos de los mismos (el proyecto de medidas cautelares contra el Estado y sus entes descentralizados y el proyecto de reforma del Consejo del Consejo de la Magistratura de la Nación); sin percibir de forma ordenada que estos seis proyectos de ley se sustentan en un mismo principio paradigmático que es el de dotar de mayor transparencia y agilidad al Poder Judicial de la Nación poniéndolo de cara a la sociedad en base al principio de participación y control popular.

A LA SEÑORA RELATORA ESPECIAL SOBRE LA INDEPENDENCIA DE LOS MAGISTRADOS Y ABOGADOS

DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS
Da. GABRIELA KNAUL
GINEBRA

Dicho ello, a continuación se procederá a detallar los puntos que erróneamente alega en su nota en consulta, donde podrá la Relatora Especial apreciar las reales circunstancias que han motivado el envío del proyecto de ley sobre el Consejo de la Magistratura y sobre regulación de las medidas cautelares contra el Estado y sus entes descentralizados; proyectos que están siendo sometidos a los procesos constitucionales de tratamiento, sanción, promulgación y publicación que nuestra Carta Magna prevé para la creación de leyes.

Por una cuestión metodología en el presente análisis seguiremos el orden propuesto en las consultas realizadas por la Relatora Especial, sin que ello implique sujeción alguna a dichas consultas y sus alcances.

1.- Respecto a los fundamentos que sustentan la primera pregunta formulada, se desprende un claro estado de desinformación producto de fuentes que el Gobierno argentino desconoce, que han hecho incurrir a la Relatora en cuestionamientos carentes de validez y con clara intencionalidad, constituyendo una intromisión inaceptable en cuestiones internas de la República Argentina.

A ello se agrega un cúmulo de asociaciones incorrectas entre lo que serían los principios que deben regir a todo sistema de justicia y los que expresarían los proyectos de ley referidos en su nota; para luego realizar una pregunta vaga e imprecisa sobre “la exactitud de los hechos a los cuales se refieren las alegaciones presentadas”.

Cabe decir, entonces, de forma precisa que los hechos a los que se refieren las alegaciones presentadas no se corresponden con la letra de la norma ni con su espíritu.

En especial, es difícil advertir de qué manera y con qué alcance se entiende proyectado el principio de independencia judicial -de plena aplicación en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales- con respecto a los miembros del estamento de los jueces del Consejo de la Magistratura de la Nación, órgano colegiado de administración del Poder Judicial; situaciones por completo diversas.

No obstante esta diametral diferencia entre el análisis del órgano político de selección de magistrados y el propio magistrado elegido, cabe destacar que el hecho de integrar una boleta electoral para los casos de los representantes del estamento de magistrados, no implica que dicho integrante pierda -per se- su independencia de criterio en virtud de la posible aceptación de las políticas expuestas en las plataformas político partidarias de tales boletas. Ello es así, debido a que ni la legislación electoral vigente, ni la reforma legal de la que aquí nos ocupamos, exigen afiliación al partido político en cuestión ni sometimiento a ningún criterio externo.

Por el contrario, lo que se pretende con esta reforma es el cabal cumplimiento de la Constitución de la Nación Argentina que en su artículo 37 sostiene el pleno ejercicio de los derechos políticos con arreglo al principio de soberanía popular, por un lado, y en su artículo 38, que los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático a los que se le concede la competencia para la postulación de candidatos a cargos públicos electivos.

Asimismo, se plantean –de manera confusa- observaciones relativas a la necesidad de que los integrantes del Consejo de la Magistratura tengan calidad técnica específica para formar parte del cuerpo y a las mayorías agravadas pertinentes para la toma de decisiones.

Llama la atención que la Relatora considere que los requisitos exigidos para ser Diputado Nacional no sean suficientes para poder ser Consejero de la Magistratura; pues son nuestros Diputados Nacionales quienes configuran la matriz legislativa con la cual nuestro sistema judicial funciona. Postura inadmisible en un sistema democrático, donde el Poder Legislativo funciona como base esencial del Sistema Representativo, Republicano y Federal, consagrado por el art. 1° de la Constitución Nacional. La representatividad en las democracias occidentales y el republicanismo, solamente reconocen como base el voto popular en elecciones libres y sin proscripciones, siendo sus instrumentos o vehículos institucionales exclusivos los Partidos Políticos; arts. 37 y 38 de la Constitución Nacional, que integran la parte dogmática y pétrea de nuestra Carta Magna.

Ello, no obstante, la relevancia que tiene permitir que los integrantes del órgano de selección y remoción de jueces provengan de distintas disciplinas, lo que se promueve con la ampliación de personalidades destacadas del ámbito académico o científico y con la eliminación del requisito de “ser abogado” en caso de los sujetos que provienen de los órganos legislativos. Esto, en coincidencia con que el órgano en cuestión debe tener carácter interdisciplinario para una cabal comprensión del conflicto jurídico en su conjunto y no ser conducido de forma exclusiva y excluyente por sujetos provenientes “del derecho”.

No obstante valga destacar, que dicha interdisciplinariedad se configura al sólo efecto de la toma de decisiones de política judicial, pues los jurados encargados de evaluar la capacidad técnica de los postulantes serán conformados por docentes de Universidades Públicas Nacionales provenientes de la especialización jurídica sobre la cual el cargo de magistrado deba versar.

Es de resaltar que con la legislación vigente el jurado de enjuiciamiento de los magistrados es conformado por sujetos provenientes de diversas disciplinas y no exclusivamente del derecho; cuestión que lejos de ser objetada ha sido particularmente puesta en relevancia.

Por otro lado, y en relación a la necesidad de conformar mayorías agravadas, es importante expresar que la nueva configuración del Consejo exigirá una mayoría agravada de la mitad más uno de la totalidad de los miembros del cuerpo, misma mayoría, que por cierto se le exige al Congreso para dictar la propia ley del Consejo de la Magistratura.

Ahora bien, no obstante las precedentes afirmaciones que contestan de forma concreta los interrogantes sugeridos en el primer cuestionamiento, es importante poner en su conocimiento que la reforma propiciada se inspira en el proceso de profundización democrática que goza la República Argentina desde el 10 de diciembre de 1983; razones por la cual se considera primordial establecer un proceso de “democratización de la justicia” con el fin de dotar al órgano político de selección y remoción de los magistrados, esto es, el Consejo de la Magistratura de la Nación de condiciones que garanticen la efectiva participación de la comunidad en la toma de decisiones y la plena vigencia de los principios de publicidad de los actos de gobierno, transparencia en la gestión, control público de las decisiones y elección de jueces a través de mecanismos no discriminatorios que favorezcan la participación popular; de conformidad con lo que establece el art. 114 y cctes. de nuestra Constitución Nacional.

En este sentido, los aspectos salientes de la modificación que se propone realizar giran en torno a legitimar el mencionado órgano a través de la voluntad popular, fuente de toda soberanía democrática.

Así, se propicia ampliar la base democrática de la elección de los miembros del cuerpo respecto de aquellos que no surgen directamente de la voluntad popular.

Se establece el sufragio universal como mecanismo de elección de los representantes de los estamentos de jueces, abogados y académicos o científicos, reconociendo al mismo tiempo representación a la primera minoría, garantizando mayor pluralidad en la representación estamentaria.

Para ello, se propone adoptar el régimen electoral de la Ley Nº 26.571, toda vez que de conformidad con lo previsto por el artículo 38 de la Constitución Nacional, los partidos políticos son instituciones fundamentales de la democracia, a los que se garantiza la competencia para la postulación de candidatos a cargos públicos electivos.

La reforma legislativa que se impulsa al amparo de la democratización del servicio de administración de justicia, se enmarca en el programa que prevé nuestra Constitución Nacional.

Los mecanismos establecidos constitucionalmente para la elección de los magistrados hoy vigentes no se modifican en absoluto; por el contrario, con la reforma propiciada, se fortalecen y consolidan las condiciones para la elección de los jueces en base al mérito y la idoneidad, al establecer la garantía de igualdad de trato y no discriminación entre los candidatos procedentes del ámbito judicial, y aquellos que provienen de otros ámbitos como el académico, el ejercicio liberal de la profesión o el ejercicio en otros ámbitos públicos o de organismos no gubernamentales, entre otros.

Asimismo se transparentará la conformación de los jurados, quienes serán elegidos de una lista conformada por profesores regulares designados por concurso en universidades públicas nacionales, de la cual se determinará el jurado en cada caso por sorteo público.

Además, la reforma garantiza una difusión mayor de la convocatoria a los concursos, a través de la publicación no ya sólo en el Boletín Oficial y un diario de circulación nacional, sino también en diarios de circulación local de la jurisdicción de la vacante a concursar y medios de comunicación audiovisual de alcance nacional y local, de manera tal de ampliar la participación de aspirantes a cubrir cargos de la magistratura. Se amplía a la vez la obligación de comunicar las vacantes a concursar a los colegios de abogados, a las universidades nacionales y a las asociaciones de magistrados y abogados, nacionales y locales.

En síntesis, el sentido de la reforma apunta a modificar la composición del Consejo de la Magistratura que es un órgano del Poder Judicial Nacional y el mecanismo de selección de sus miembros, dotándolo de una legitimidad democrática de origen que en la actualidad resulta todavía deficitaria.

2.- Respecto de la segunda pregunta formulada sobre “…proporcionar informaciones detalladas sobre cómo se van a realizar los procesos de elección de los miembros del Consejo de la Magistratura, en particular cuáles serán los criterios para que los candidatos sean inscriptos en las listas partidarias...” se hace saber que:

Los procesos de elección de los miembros del Consejo de la Magistratura de la Nación se realizarán en elecciones en forma conjunta y simultánea con las elecciones nacionales en las cuales se elija presidente.

La elección será por una lista de precandidatos postulados por agrupaciones políticas nacionales que postulen fórmulas de precandidatos presidenciales mediante elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias.

No podrán constituirse agrupaciones políticas al único efecto de postular candidaturas al Consejo de la Magistratura. No podrán oficializarse candidaturas a más de 1 (un) cargo y por más de una agrupación política. Las precandidaturas y, en su caso, candidaturas a Consejeros de la Magistratura integrarán una única lista con 4 (cuatro) representantes titulares y 2 (dos) suplentes de los académicos, 2 (dos) representantes titulares y un suplente de los jueces y 2 (dos) representantes titulares y 1 (un) suplente de los abogados de la matrícula federal.

La lista conformará un cuerpo de boleta que irá adherida a la derecha de las candidaturas legislativas de la agrupación por la que son postulados, que a este efecto manifestará la voluntad de la adhesión a través de la autorización expresa del apoderado nacional ante el juzgado federal electoral de Capital Federal.

Tanto el registro de candidatos como el pedido de oficialización de listas de candidatos a consejeros se realizarán ante esa misma sede judicial. Para la elección se aplicarán las normas del Código Electoral, las Leyes 23.298, 26.215, 24.012 y 26.571 en todo aquello que no esté previsto en esta ley.

3.- En cuanto a la tercera pregunta formulada, en la que se solicita que “explique qué órgano sería competente para averiguar las nuevas exigencias democráticas y las condiciones éticas de los candidatos aspirantes al cargo de Consejero y aplicables en el régimen disciplinario...”, se hace saber que:

El órgano competente para controlar los requisitos legales que deben cumplir los candidatos para postularse, es, al igual que para el resto de los cargos electivos, el Poder Judicial a través del Juzgado con competencia electoral. En este sentido se aplican estrictamente las previsiones de la Ley 26.571.

4.- En relación al cuarto interrogante sobre “…proporcionar informaciones detalladas sobre cómo será realizado el proceso de revisión de decisiones sobre los procedimientos disciplinarios, de suspensión o de separación de los jueces y miembros del Consejo de la Magistratura…” se hace saber que:

En relación con el proceso de revisión de las decisiones adoptadas en materia disciplinaria respecto de los jueces y de los consejeros, la reforma no introduce modificación alguna. Es decir, permanece vigente la posibilidad de apelar en sede judicial por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Por otra parte, en la actualidad, la decisión de iniciar el procedimiento de remoción de magistrados, previo dictamen de la Comisión de Disciplina y Acusación, y en su caso ordenar la suspensión del magistrado, es una atribución del plenario del Consejo de la Magistratura, cuya decisión no es susceptible de acción o recurso judicial o administrativo alguno. La reforma mantiene el mismo sistema que se encuentra vigente.

Con relación al proceso de revisión de la remoción de jueces, la reforma tampoco introduce modificaciones. La composición del Jurado de Enjuiciamiento, los mecanismos de elección de sus integrantes, el procedimiento para la remoción de los magistrados, las mayorías agravadas requeridas y los recursos previstos contra la sentencia del Jurado de Enjuiciamiento, no son alcanzados por la reforma y, en consecuencia, son los mismos que se encuentran vigentes.

Tampoco se modifican los mecanismos y mayorías necesarios para la remoción de los miembros del Consejo de la Magistratura, quienes pueden ser removidos por el voto de las tres cuartas partes del total de los miembros del cuerpo, de acuerdo con los reglamentos que se encuentran vigentes, y que la reforma no altera. En relación a la instancia recursiva, la reforma impulsada no modifica las previsiones actualmente vigentes. Por fin, respecto de los estamentos legislativos y ejecutivo, al igual que en la redacción actualmente vigente, con la misma mayoría se puede recomendar la remoción a cada una de las Cámaras o al Presidente de la Nación, según corresponda.

5.- En virtud de la quinta pregunta sobre si “el proyecto de ley que regula las medidas cautelares respeta las garantías y los estándares internacionales, en particular el acceso a la justicia y el debido proceso legal”, esto es, puntualmente, objeciones sobre los arts. 5 (Vigencia temporal de las medidas cautelares frente al Estado) y 9 (Afectación de los recursos y bienes del Estado) de la Ley 26.854; se hace saber que:

I.- Inicialmente, en lo que atañe a la Ley Reguladora de las Medidas Cautelares contra el Estado debo señalar, que en la República Argentina no existe una regulación legal orgánica que reglamente el trámite de los procesos judiciales en los que es parte el Estado y sus entes descentralizados. Como derivación de esa orfandad legislativa, los órganos que despliegan la función judicial vienen aplicando, analógicamente, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Va de suyo que la finalidad de este cuerpo legal es reglar las relaciones procesales entre particulares y no las que conciernen a particulares con el Estado y sus entes descentralizados

Esa carencia normativa se proyecta directamente sobre el régimen jurídico de protección cautelar en los juicios en que interviene o es parte el Estado Nacional y sus entes descentralizados. En efecto, a diferencia de lo que ocurre en los ordenamientos procesales provinciales y extranjeros, en el ámbito federal no existe una regulación específica y sistemática de los dispositivos de tutela cautelar en los juicios frente a las autoridades públicas.

Este vacío legal trajo consigo consecuencias paradojales pues, a pesar de la autonomía que tiene el derecho administrativo en la historia jurídica de nuestro país (basta recordar la clara prescripción que formula al respecto el artículo 2611 del Código Civil de Vélez Sarsfield), el trámite y los requisitos de admisibilidad y procedencia de las medidas cautelares contra el Estado y sus entes descentralizados se encauzan por conducto de las mismas normas procesales relativas al derecho privado, soslayando, de ese modo, la preeminente nota de interés público que gobierna la actividad estatal.

El dinámico y variable equilibrio entre las prerrogativas estatales y las garantías de los particulares -según los principios y valores que sustentan al Estado constitucional de derecho vigente en nuestro país- inspiró a debatir un régimen especial de las medidas precautorias contra el Estado con miras a dar previsibilidad y razonabilidad al desarrollo de un procedimiento básicamente accesorio e instrumental.

En ese entendimiento la Ley que regula las medidas cautelares en los juicios en que es parte el Estado tuvo especialmente en cuenta la doctrina jurisprudencial labrada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal y las normas procesales del derecho provincial argentino.

II.- En línea con esas fuentes, la Ley 26.854, con sustento en el carácter provisional que informa a las medidas asegurativas de naturaleza cautelar, establece que, al decretarse una medida precautoria, el juez o tribunal deberá fijar un plazo razonable de vigencia. La norma prescribe que el espacio temporal de vigencia no podrá exceder de seis meses en el proceso ordinario y de tres meses en el proceso sumarísimo o en el proceso rápido y expedito de amparo. Por otro lado, siempre que resulte indispensable, a petición de parte y previa valoración adecuada del interés público comprometido en el proceso, el último párrafo del art. 5 habilita al tribunal que entiende en la causa a prorrogar la medida por un plazo determinado no mayor de seis meses.

Va de suyo que de manera alguna esta norma afecta el núcleo intangible de la garantía fundamental a la tutela judicial efectiva, toda vez que: i) la doctrina del límite razonable de vigencia de las medidas cautelares contra el Estado ha sido consagrada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en diferentes oportunidades; ii) los plazos de vigencia de las medidas cautelares establecidos en el art. 5° no rigen cuando el objeto de la pretensión concierne a sectores socialmente vulnerables acreditados en el proceso, y en aquellos casos en que se encuentre comprometida la vida digna conforme la Convención Americana de Derechos Humanos, la salud o un derecho de naturaleza alimentaria o cuando se trate de un derecho de naturaleza ambiental; iii) El art. 5, tercer párrafo, no prevé de antemano el número de prórrogas que la parte podrá peticionar y que el tribunal le podrá conceder. Es por ello que, frente a cada pedido de extensión, el tribunal valorará in concreto, según el principio rebus sic stantibus, si se mantienen las condiciones fácticas y jurídicas que dieron origen a la protección cautelar como así también la conducta procesal exhibida por quien resultó favorecido por la medida. Por cierto, la extensión de la medida precautoria se deberá encauzar bajo el estándar establecido por la CSJN en las causas "Grupo Clarín y otros S.A. s/ Medidas cautelares", del 5 de octubre de 2010 y "Radio y Televisión Trenque Lauquen S.A. Inc. Competencia- c/ E.N. s/ Medida cautelar (autónoma)" del 15 de marzo de 2011 (Fallos 335:1885).

En ese orden debo recordar que la doctrina del Alto Tribunal, preocupada en armonizar el ejercicio de las facultades constitucionales de los poderes públicos con el derecho a la tutela judicial efectiva, ex oficio ha considerado que, para evitar la desnaturalización del carácter provisional que las informa, las medidas cautelares deben estar sujetas a un límite razonable de vigencia.

Así, mediante sentencia del 5 de octubre de 2010, la Corte Suprema de Justicia de la Nación consideró los desequilibrios que podrían llegar a producirse entre el peticionario y el sujeto pasivo con aquella providencia cautelar que suspende los efectos de un acto estatal "hasta tanto recaiga pronunciamiento en la acción de fondo a promoverse", en tanto se podría llegar a obtener "por vía del pronunciamiento cautelar, un resultado análogo al que se lograría en caso de que se acogiera favorablemente su pretensión sustancial".

Sobre esa base el Máximo Tribunal del país sostuvo en ese pronunciamiento: "Que por esta razón, y para evitar ese efecto no deseado, se considera conveniente la fijación de un límite razonable para la vigencia de la medida cautelar. Si el tribunal de grado no utilizara ex oficio este remedio preventivo, la parte recurrente podría promover la solicitud de la fijación de un plazo".

Posteriormente, en la misma causa la Corte federal añadió que: "Ello es así, pues si la índole provisoria que regularmente revisten las medidas cautelares se desnaturalizare por la desmesurada extensión temporal y esa circunstancia resultare frustratoria del derecho federal invocado, en detrimento sustancial de una de las partes y en beneficio de la otra... la parte afectada por aquel mandato tiene a su alcance las conocidas instancias previstas con carácter genérico por el ordenamiento procesal para obtener de los jueces de la causa (artículos 202 y cc), y, en su caso, la del artículo 14 de la ley 48 ante este estrado, la reparación del nuevo gravamen que se invoque" (CSJN, G. 456. XLVI; REX "Grupo Clarín y otros S.A. s/ Medidas cautelares", del 5 de octubre de 2010).

En ese mismo sentido, el Tribunal se expidió en autos "Radio y Televisión Trenque Lauquen S.A. Inc. Competencia- c/ E.N. s/ Medida cautelar (autónoma)" del 15 de marzo de 2011 (Fallos 334:259).

Debo señalar, además que en el orden provincial existen numerosos ejemplos de regulaciones procesales en la misma línea que la expresada aquí a nivel Federal, así el art. 16 de la Ley de Amparos de la Provincia de Santa Fe (modificada por Ley 12.015) actualmente vigente, establece que las medidas suspensivas cesan a los 90 (noventa días) de su despacho.

Con arreglo a estas pautas, la ley tiende a concretar, en una norma jurídica, la más reciente doctrina asumida por el Alto Tribunal en relación con las medidas cautelares frente a las autoridades públicas del Estado Nacional y la legislación vigente en el orden Provincial.

III.- El Informe de la Relatora observa el art. 9° de la ley 26.854.

Esta norma establece lo siguiente: “Art. 9º – Afectación de los recursos y bienes del Estado. Los jueces no podrán dictar ninguna medida cautelar que afecte, obstaculice, comprometa, distraiga de su destino o de cualquier forma perturbe los bienes o recursos propios del Estado, ni imponer a los funcionarios cargas personales pecuniarias”.

El transcripto art. 9° tiene su fuente en el Código Procesal Civil y Comercial. Concretamente, reproduce, casi textualmente, el art. 195, tercer párrafo, de ese cuerpo normativo.

Los jueces no podrán decretar ninguna medida cautelar que afecte, obstaculice, comprometa, distraiga de su destino o de cualquier forma perturbe los recursos propios del Estado, ni imponer a los funcionarios cargas personales pecuniarias.

Vale señalar que este artículo se incorporó al ordenamiento procesal civil y comercial por conducto de la Ley 25.453 (BO del 31 de julio de 2001).

Es decir, el art. 9 observado por la Relatora está vigente, a través del art. 195 tercer párrafo del CPCCN, desde hace doce (12) años en la República Argentina. Fue introducido en el orden positivo nacional en virtud de un proyecto enviado al Congreso por el entonces Presidente Dr. Fernando de la Rúa.

De modo tal que aún cuando no se lo hubiera incorporado a la ley 26.854 esa norma igualmente se habría mantenido en vigor.

Sin perjuicio de ello, el art. 9° de la ley 26.854 como el art. 195 tercer párrafo del CPCCN no puede ser interpretado como una prohibición absoluta a toda medida cautelar –como erróneamente parece sugerirlo el Informe- .

En puridad el artículo guarda relación con el carácter declarativo que contienen las sentencias contra el Estado, ya contemplado en el artículo 7 de la Ley 3.952, y con la imposibilidad legal -Ley 24.624- de trabar embargos sobre fondos públicos que no estén asignados en el presupuesto.

Va de suyo que lo establecido en el art. 9 de la Ley 26.854 tiene estrecha vinculación con otros preceptos legales llamados a preservar los intereses públicos. Tal es pues lo que ocurre con la inembargabilidad de fondos públicos consagrada en el art. 131 y concordantes de la Ley 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto.

Cabe puntualizar que la jurisprudencia del fuero federal ha reconocido la validez constitucional del art. 195 tercer párrafo del CPCCN en la (causa 1713/2001 “Aguirre, Jorge A. y otros c/Estado Nacional-PEN- y otros s/amparo-medida cautelar”, Cámara Federal de San Martín, de noviembre de 2001).

IV.- En definitiva: en lo que atañe a las observaciones sobre medidas cautelares formuladas por la Relatora en el Informe, es evidente que la Ley 26.854 se presenta como un cuerpo normativo de carácter procesal novedoso, que regula razonablemente, y según la jurisprudencia y el derecho comparado provincial, el trámite de un procedimiento accesorio o instrumental.

La Ley 26.854 no priva a ningún habitante de la Nación del derecho de acceder a los tribunales.

Ni la ley 26854, ni ninguna otra norma del derecho procesal público argentino, impiden la libre configuración de las pretensiones contra el Estado ni del derecho a obtener una sentencia justa en un plazo razonable.

Tal como fue señalado, los artículos 5° y 9° de la Ley 26854 armonizan equilibradamente el núcleo intangible de la garantía fundamental a la tutela judicial efectiva frente al Estado, como ente enjuiciable, con los bienes y valores que protege el interés público comprometido en la vigencia de la juridicidad y los derechos humanos.

Habiéndonos expresado sobre la totalidad de los puntos manifestados en su escrito y esperando que las mismas sirvan para aclarar las confusiones que la han conducido a formular los cuestionamientos realizados, la saludo a Ud. muy atentamente.