Primera huelga general de la educación pública en España

En unas 30 ciudades de España estudiantes, profesores y padres participan en la primera huelga general de la educación pública contra los recortes y la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).

Los participantes en la protesta, convocada por la Plataforma por la Escuela Pública, se muestran contrarios a los recortes que establece el proyecto de la ley para reducir el gasto público en educación, e insisten en que la reforma daña la calidad de la educación, introduciendo una nueva clasificación de las asignaturas de las lenguas cooficiales al pasarlas de "asignaturas troncales" a "asignaturas de especialización opcionales".

Los manifestantes demandan la restitución inmediata de los fondos recortados a los presupuestos de Educación, la retirada del anteproyecto de la LOMCE y la dimisión del ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, autor de la reforma.

La víspera de la huelga los integrantes de la Plataforma por la Escuela Pública registraron en el Ministerio de Educación una carta a la atención de Wert en la que le solicitan la retirada del anteproyecto de la ley y piden "la apertura de un proceso de diálogo y de negociación con la comunidad educativa".

Por su parte, el mismo ministro tacha la huelga “de contenido político extremista” y subraya que la reforma “no supone perjuicio directo y ni siquiera indirecto a la calidad de la enseñanza”.

De acuerdo a estadísticas educativas, en la huelga participan cerca de 5,5 millones de alumnos y 500.000 profesores de la enseñanza no universitaria, así como a 1,4 millones de estudiantes universitarios y 100.000 profesores e investigadores de enseñanza superior, además de al personal administrativo y de servicios.

Normas

La LOMCE (nombre oficial de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa) consolida los recortes al reducir el gasto en Educación hasta un 3,9% del PIB en 2015 –más de 10.000 millones de euros-, en comparación al 5% de la media de los países de la Unión Europea (UE).

Entre algunos puntos de la reforma se destaca un adelanto a los 15 años de la separación entre los alumnos que optan por Formación Profesional o Bachillerato, lo que puede contribuir a una expulsión más temprana del sistema educativo de los estudiantes con más necesidades.

Asimismo, se elimina la materia obligatoria Educación para la Ciudadanía, introducida por el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, que aborda cuestiones relacionadas con la ética, valores democráticos y convivencia.

Por otro lado, se permite la financiación con fondos públicos de centros que segregan a niños y niñas, y se recupera la asignatura Religión como opcional, algo que responde a una exigencia de la Iglesia Católica.