Mucho más que administración de Justicia, por El Megáfono

Esto que puede parecer arbitrario no es sino el movimiento general de la sociedad. Por caso, fueron los mismos pasos seguidos en el menemismo.

Bajo aquel modelo de “apertura” de la economía fueron ajustadas las leyes laborales, la Carta del Banco Central y el por entonces decreto-ley de Radiodifusión para facilitar la concentración de licencias de radio y TV.

La “profundización” del modelo neoliberal requirió incluso de la reforma de la Constitución Nacional, allá en 1994.

Nada hubiera sido posible entonces sin la construcción de un consenso social que otorgara legitimidad. Fueron aquellos los tiempos de despliegue del marketing político, la encuestología como ciencia de la opinión pública y la oferta de candidatos famosos por TV.

Sirve el recuento para allanar la cuestión hoy en debate. Ni bien ni mal, los proyectos socio-económicos siguen requiriendo -como entonces- de Estados (no ya solo de gobiernos) que consoliden el camino recorrido y garanticen la continuidad.

Cuando los Colegios de Abogados señalan que la elección popular de jueces pone en peligro “la independencia del Poder Judicial”, están poniendo en acento no ya la parcialidad de un gobierno en la administración de los mecanismos del Estado sino, por el contrario, en la lógica constitutiva del Estado mismo. Y se apegan entonces a “una forma” de entender la organización de la sociedad, el derecho privado, el público y hasta el internacional inclusive. Suena parecido el argumento al planteo de Martín Redrado cuando en enero de 2010 defendía la independencia del Banco Central.

Pasada la etapa de disputa electoral en torno del modelo socio-económico, se abre el debate del Estado mismo. Y el Poder Judicial autoregulado como hasta ahora no es sino “el resguardo moral de la República”, tal como lo sostiene Lilita Carrió. Es que de fondo -es cierto- el país debate la arquitectura de la segunda República que requiere de un Estado de carácter social.

El Megáfono

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